Retenciones cero exprés los grandes beneficiados, el costo fiscal y los perdedores del campo argentino
Una de las medidas económicas más polémicas de los últimos tiempos fue la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, una decisión que duró apenas unas horas pero que dejó huellas profundas. Los anuncios del gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo afirmaban que esta “suspensión” buscaba oxigenar la llegada de dólares frescos al Banco Central. Sin embargo, pronto quedó claro que no todos los actores del campo resultaron favorecidos; en cambio, un puñado de grandes agroexportadores concentraron las ganancias, mientras el Estado resignaba recursos fiscales y los pequeños productores quedaron al margen.
¿Qué fue el plan “retenciones cero” y cómo se implementó?
La medida fue anunciada mediante el Decreto 682/2025, el 22 de septiembre, y estableció que las exportaciones de granos y subproductos quedarían exentas de retenciones hasta el 31 de octubre o hasta que se completara un cupo de USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
La suspensión se activó inmediatamente, generando una carrera entre exportadores para registrar ventas con derechos aduaneros cero bajo ese cupo. Pero esos 7.000 millones del cupo se agotaron en un lapso extremadamente breve—en apenas 48 horas—y se estima que el Estado dejó de recaudar unos USD 1.500 millones en concepto de retenciones.
Desde la base del decreto hasta su ejecución, hubo signos de improvisación: los exportadores declararon volúmenes sin tener la mercadería física en su poder (es decir, sin stock previo), confiando en adquirirla posteriormente. Esto generó sospechas de arbitraje y uso oportunista del sistema.
En suma: fue un estímulo fiscal exprés, de alcance limitado en tiempo pero enorme en impactos, con reglas que favorecían a quienes contaran con estructuras ágiles para aprovechar la ventana normativa.
Los verdaderos ganadores: perfil de los beneficiados
Aunque el gobierno presentó la medida como un alivio para el campo, los datos muestran que los mayores beneficiarios fueron grandes empresas agroexportadoras con capacidad organizativa y acceso directo al sistema de comercio exterior:
- Analistas del sector coinciden en que más del 70 % de los beneficios recayó en unas pocas firmas con participación dominante en el mercado exportador.
- Empresas como Cargill, Bunge, LDC, Cofco, AGD, Molinos, Viterra fueron identificadas entre las más beneficiadas, recibiendo millones en alivios fiscales.
- En concreto, algunas voces estiman que seis compañías concentraron el 86,8 % del beneficio fiscal, lo que representa más de USD 1.300 millones sólo para ese grupo.
- Mientras las exportadoras se beneficiaron con la reducción del impuesto, los productores locales no tuvieron tiempo para acceder al beneficio: muchos ya habían vendido sus granos, o no contaban con capacidad para reaccionar a una medida tan brusca e inesperada.
- En efecto, productores y asociaciones rurales denunciaron que quedaron fuera del reparto, ya que la medida favoreció a quienes podían anticipar operaciones y registrar ventas sin tener la mercadería física.
Por lo tanto, lo que aparentaba ser un alivio general terminó siendo una ventana de ventaja para quienes ya poseían estructuras de escala y protagonismo en el mercado exportador.
Costo fiscal y repercusiones para el Estado
La suspensión de retenciones, aunque limitada en tiempo, representó un golpe para las cuentas públicas:
- Se estima que el Estado dejó de recaudar alrededor de USD 1.500 millones de ingresos que habrían correspondido al fisco.
- Esa transferencia de recursos fiscales benefició directamente a los exportadores “favorecidos”, en detrimento de programas sociales, inversiones públicas y las funciones de administración estatal.
- Visto desde el ministerio de Economía, la medida habría sido diseñada para captar divisas de manera urgente (liquidación masiva de exportaciones) y reforzar reservas del Banco Central, como un parche temporal ante presiones cambiarias.
- Pero ese “respiro” fiscal tiene costos de oportunidad. Los recursos que no ingresaron podrían haber financiado salud, educación, infraestructura u otros programas estatales.
- La maniobra generó denuncias judiciales: se presentaron denuncias penales por “defraudación multillonaria”, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra Milei, Caputo y otros funcionarios, acusándolos de favorecer intereses concentrados.
En resumen, una medida que se vendió como beneficio general en realidad provocó una redistribución regresiva del recurso fiscal hacia empresas grandes, con implicancias de gobernabilidad, legitimidad y sostenibilidad financiera.
¿Por qué los productores del agro se opusieron o se quedaron fuera?
La reacción de los productores rurales fue de rechazo. Algunas razones clave:
- Las reglas del decreto favorecían el registro de ventas rápidas y oportunistas en DJVE sin verificación rigurosa, lo que permitió que exportadoras declararan volúmenes que no poseían en stock. Los productores no podían competir contra esa velocidad operativa.
- Los productores físicos quedaron excluidos por falta de liquidez, estructuras de comercialización centralizadas o desconocimiento operativo del mecanismo de “venta exprés”. Muchos ya habían vendido sus cosechas bajo condiciones previas. Por lo tanto, no pudieron aprovechar la ventana temporal.
- La medida fue percibida como injusta: que “los grandes ganaron y los chicos quedaron fuera”, generando una sensación de que la política agrícola favorece concentrados en lugar de apoyar a la base rural.
- También hubo críticas por la abrupta suspensión: el gobierno habilitó la medida por pocas horas y luego la revertió bajo presión externa, lo que generó incertidumbre jurídica y operativa.
Esta combinación de reglas centralizadas, privilegios operativos y falta de previsión deja claro por qué muchos productores sienten que fueron excluidos de una política que se decía que los beneficiaría.
Impactos sobre la inflación, el dólar y la economía en general
Aunque el episodio dura apenas días, sus efectos pueden permear varios frentes económicos:
A. Presión cambiaria y estrategia de reservas
- La medida podía inducir una liquidación masiva de exportaciones para captar dólares, lo que momentáneamente alivia la presión sobre el tipo de cambio. Esa fue quizás una de las motivaciones del gobierno.
- Pero ese efecto es temporal. Si el mercado interpreta que fue una operación de corto plazo, puede revertir rápidamente cuando las expectativas se ajusten.
- Si la medida se restituye (es decir, se reponen las retenciones), puede haber una reacción inversa devaluatoria.
B. Inflación y expectativas de precios
- Si los exportadores lograron registrar operaciones sin mercadería y anticipan que las retenciones regresarán, pueden ajustar precios internos (o negociar más duro con proveedores) para cubrir la expectativa tributaria futura, lo que puede trasladarse a precios minoristas.
- Además, la percepción de que el Estado pierde recursos puede debilitar la confianza en su capacidad de administrar precios, subsidios o intervenciones contra la inflación.
- Si los productores perciben que no cuentan con protección, pueden exigir mayores ajustes de precios o salarios para compensar los márgenes perdidos anticipadamente.
C. Credibilidad institucional y riesgo país
- Medidas erráticas aplicadas y revertidas en horas alimentan la desconfianza en las reglas de juego. Los inversores prefieren entornos donde las normativas no cambian de un día para otro.
- Las denuncias judiciales en curso y los cuestionamientos sobre transparencia pueden generar costos reputacionales que elevan el riesgo país.
- En períodos electorales o de incertidumbre, un episodio como este puede intensificar la volatilidad del mercado cambiario y financiero.
D. Efecto redistributivo
- El decreto resultó en una redistribución efectiva de recursos: el Estado resignó recaudación, los exportadores ganaron, muchos productores perdieron. Esto puede fortalecer la concentración del sector agroexportador en pocas manos, debilitando la heterogeneidad productiva del campo.
- Ese efecto concentrativo puede tener consecuencias a mediano plazo para la competitividad del agro pequeño y mediano, su capacidad de crecimiento y su incidencia económica.
Escenarios posibles a mediano plazo
Para proyectar lo que puede venir, podemos identificar varios escenarios probables:
Escenario 1: Retroceso parcial con desgaste
- El gobierno acepta que la medida fue excesiva y promulga alguna revisión del decreto, quizás aplicando controles sobre DJVE irreales, auditorías o restitución limitada de retenciones.
- Las exportadoras aceptan retrocesos parciales para evitar conflictos legales.
- El episodio queda como un golpe de imagen que debilita, pero no quiebra, al gobierno.
- El impacto sobre dólar e inflación es moderado, pues la reversión calma expectativas.
Escenario 2: Escalada institucional y desgaste político
- Las denuncias penales avanzan, y el desgaste político afecta la estabilidad del gabinete.
- El gobierno entra en enfrentamientos con productores, gobernadores de provincias agrícolas y bloques parlamentarios rurales.
- La incertidumbre institucional afecta la inversión agroindustrial, el clima económico general y el riesgo país.
- Se agravan las presiones cambiarias y la inflación se acelera.
Escenario 3: Reacción normativa estructural
- Se diseña una reforma al sistema de retenciones que incorpora mecanismos de previsión, control, gradualmente escalonados y con participación real de productores.
- Se fortalecen tribunales agrarios, mecanismos de auditoría y transparencia para evitar abusos.
- Se redefine la política agroexportadora como parte del modelo de crecimiento sostenible, no como parche ocasional.
- Si se logra esa reforma con consenso, puede mejorar la estabilidad institucional y moderar la inflación estructural.
El fugaz plan “retenciones cero” fue quizás una de las medidas económicas más simbólicas y controvertidas del actual gobierno. Bajo la promesa de oxigenar reservas y estimular exportaciones, terminó favoreciendo desproporcionadamente a un selecto grupo de empresas con capacidad organizativa, mientras el Estado resignaba recursos fiscales y muchos productores quedaron excluidos.
Más allá del impacto inmediato, este episodio revela tensiones estructurales: entre planteos de liberalismo económico y realidades de concentración productiva; entre operaciones financieras exprés y estabilidad institucional; entre el discurso de apoyo al campo y la práctica de beneficiar a los grandes jugadores.