Panamá
En julio de 2025, Moody’s Investors Service reafirmó la calificación de riesgo soberano de Panamá en Baa3, manteniéndolo dentro del grado de inversión. Sin embargo, la perspectiva fue modificada a negativa, reflejando preocupaciones sobre el deterioro fiscal y los desafíos estructurales que enfrenta el país. Esta decisión destaca la necesidad urgente de implementar reformas fiscales y estructurales para preservar la estabilidad económica y mantener la confianza de los inversionistas.
Fundamentos Económicos y Riesgos Fiscales
Moody’s reconoce los sólidos fundamentos estructurales de la economía panameña, incluyendo un historial de crecimiento sostenido, un perfil de deuda favorable sin exposición a riesgo cambiario y flujos estables del Canal de Panamá. No obstante, la calificadora advierte sobre el deterioro fiscal registrado en los últimos años, señalando que el déficit fiscal en 2024 se disparó al 7.4% del PIB y la deuda pública ya representa un 62% del PIB.
Medidas del Gobierno y Perspectivas de Crecimiento
El gobierno panameño ha tomado medidas para enfrentar estos retos, incluyendo reformas para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y recortes presupuestarios por $1,900 millones. Además, en el primer trimestre de 2025, el país registró un crecimiento del PIB del 5.2%, impulsado en parte por la recuperación de los ingresos del Canal de Panamá, que hasta mayo promediaron $340 millones mensuales.
Advertencias y Recomendaciones de Moody’s
Moody’s advierte que, si no se logra reducir el déficit fiscal, el país podría perder su grado de inversión, lo que encarecería el financiamiento y afectaría la confianza de los inversionistas. La agencia enfatiza la necesidad de reforzar la credibilidad fiscal mediante marcos regulatorios responsables que aseguren la estabilidad económica y el bienestar de la población.
La decisión de Moody’s de mantener la calificación de Panamá en Baa3, pero con perspectiva negativa, subraya la urgencia de implementar reformas fiscales y estructurales para preservar la estabilidad económica y mantener la confianza de los inversionistas. El gobierno panameño enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal, en un contexto de presiones internas y externas.