Billeteras móviles sin impuestos la apuesta peruana para dinamizar el dinero electrónico y combatir la informalidad
En el Perú se está gestando un cambio importante en el marco tributario que podría transformar cómo se manejan los pagos digitales: la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen para exonerar el denominado dinero electrónico del pago del IGV (Impuesto General a las Ventas) y del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo).
Este paso legislativo, respaldado por organismos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), busca promover la inclusión financiera, reducir barreras para el uso de herramientas digitales en sectores informales, y hacer más competitivo el ecosistema de billeteras móviles.
Pero este planteamiento tiene múltiples aristas: ¿qué significa para los consumidores? ¿cómo puede afectar la recaudación fiscal? ¿qué impacto podría tener en la inflación nacional? En este artículo analizaremos en detalle el dictamen, sus motivaciones, los desafíos institucionales y los escenarios posibles.
¿Qué propone exactamente el dictamen aprobado?
El texto aprobado en la Comisión de Economía pretende modificar la Ley del IGV e ISC (Texto Único Ordenado por Decreto Supremo 055-99-EF) para incluir una nueva exoneración: que las emisiones de dinero electrónico realizadas por empresas emisoras autorizadas no estén gravadas por estos impuestos.
Es decir:
- Las EEDE (Empresas Emisoras de Dinero Electrónico) debidamente autorizadas por la SBS serían exoneradas del pago del IGV e ISC sobre la emisión del dinero electrónico.
- La idea es que esa exoneración entre en vigor desde el primer día del mes siguiente a la publicación en el diario oficial “El Peruano”.
- Luego de su publicación, el Poder Ejecutivo tendría 30 días calendario para adecuar las normas reglamentarias que permitan aplicar la modificación.
- Actualmente, las EEDE habían sido exoneradas en el pasado —seis veces—, pero esa vigencia expiró al 31 de diciembre de 2024, por lo que desde el 1 de enero de 2025 ya se les está cobrando el IGV sobre ese servicio.
Este movimiento tiene el respaldo formal de la SBS y del BCRP, que se han manifestado a favor de un marco tributario unificado y que este tipo de servicios promuevan la formalización del sistema financiero digital.
¿Por qué plantear esta exoneración? Motivaciones políticas y económicas
Algunas de las razones oficiales y estratégicas detrás de esta iniciativa son:
a) Inclusión financiera
Se apunta a que el dinero electrónico sea una herramienta para incorporar al sistema financiero a quienes operan en la informalidad o carecen de cuenta bancaria formal. Cuando más personas usen billeteras digitales, se puede generar historial de transacciones que faciliten acceso al crédito y otros servicios formales.
b) Competitividad del ecosistema fintech
Las EEDE que emiten dinero electrónico compiten con otros instrumentos, algunas ya exoneradas parcialmente. Establecer una exoneración clara permite crear condiciones más niveladas para todos los emisores autorizados.
c) Impulso a la digitalización de pagos
El BCRP considera que esta medida “favorecería el desarrollo del sistema de pagos” en el país, al reducir costos fiscales sobre las transacciones digitales y estimular el uso de medios electrónicos en lugar del efectivo.
d) Recaudación contra la evasión
Aunque eliminar impuestos reduce ingresos fiscales, promover que las operaciones migran a medios digitales genera trazabilidad, lo que a largo plazo podría aumentar la recaudación formal al incorporar actividades antes invisibles al fisco.
En resumen: la exoneración del dinero electrónico no es sólo un alivio tributario, sino una estrategia para reconfigurar el sistema de pagos, incentivar la formalidad y fortalecer el ecosistema digital.
Riesgos, desafíos e impactos fiscales
Una iniciativa de este tipo conlleva efectos secundarios importantes que hay que valorar con cautela:
i) Pérdida de recaudación
Eliminar el IGV sobre emisiones significa que el Estado dejará de percibir ingresos que antes registraba. En un país donde la recaudación es esencial para financiar servicios públicos, esto puede generar tensiones presupuestarias.
ii) Efectos sobre inflación
Aunque menos directo, al reducir costos fiscales sobre servicios digitales, podría haber incentivos para que más operaciones migran al canal digital, lo cual puede generar dinamismo en la demanda de bienes y servicios asociados, presionando precios si la oferta no responde.
iii) Complejidad normativa y riesgos de interpretación
Definir claramente qué constituye “emisión de dinero electrónico” y qué queda exento puede generar disputas tributarias. Las reglas reglamentarias, límites operativos y controles serán esenciales para evitar abusos o vacíos legales.
iv) Distorsiones entre emisores autorizados y no autorizados
Si solo las EEDE autorizadas se benefician, pueden surgir incentivos perversos para que entidades que operan al margen del sistema busquen mecanismos para captar ese estatus, generando un reto regulatorio.
v) Riesgo moral y uso excesivo
Una exoneración fiscal puede generar excesos de uso o emisión de dinero electrónico con fines especulativos o de arbitraje, si no se establecen límites operativos claros.
vi) Ajuste político y resistencia del fisco
Los organismos de recaudación (Sunat) pueden mostrar resistencia si consideran que la medida reduce su base tributaria. Esto puede generar conflictos institucionales y demoras en la implementación.
Relación con la inflación y el sistema de precios
Para un blog centrado en inflación, esta medida tiene relevancia en varios frentes:
- Costo de transacción más bajo
Al eliminar impuestos sobre las emisiones, se reduce parte del costo implícito de usar billeteras digitales. Eso puede favorecer que los usuarios prefieran medios digitales a efectivo, lo que puede trasladarse en menores “costos de operación” en algunos comercios, si estos trasladan el ahorro. - Impulso en la formalidad de precios
Al mover operaciones informales al sistema digital, hay más claridad en los movimientos de precios. Eso puede moderar ajustes arbitrarios de precios, al tener mayor visibilidad por parte de los reguladores. - Expectativas de precios digitales
Si los consumidores esperan que los servicios digitales sean “más baratos” por esta exoneración, podrían renegociar tarifas o esperar rebajas, lo que puede generar presión sobre los oferentes. - Contención del “impuesto al uso digital”
Actualmente, al aplicar impuestos a servicios digitales, estos costos pueden trasladarse al consumidor final. La exoneración busca quitar ese componente inflacionario añadido. - Estimulación del consumo digital
Si digitalizar más operaciones reduce fugas del consumo al sector informal, podría haber una mayor competencia entre comerciantes formales, estimulando precios más competitivos.
Contexto previo: crecimiento de las billeteras digitales en Perú
Este proyecto no surge en el vacío: es una respuesta a una tendencia creciente en el uso de billeteras móviles en el país.
- En los últimos años los pagos virtuales han crecido de forma exponencial en Perú.
- Se estima que las transacciones con billeteras digitales podrían duplicar su participación en los próximos años, con una reducción gradual del uso del efectivo.
- La interoperabilidad entre apps como Yape y Plin ha permitido que pagos entre distintas plataformas sean más fluidos, fortaleciendo el ecosistema digital peruano.
- Sin embargo, con ese crecimiento también ha llegado mayor supervisión: la Sunat ha intensificado fiscalización sobre pagos realizados mediante Yape y Plin para negocios, en busca de ingresos no declarados.
- También se aprobó que los trabajadores puedan recibir sus salarios vía billeteras digitales (de manera voluntaria) para favorecer la formalización y trazabilidad de ingresos.
Así, la exoneración propuesta se inscribe en un escenario donde el uso de dinero electrónico ya es significativo y se proyecta en expansión.
Escenarios futuros: qué puede ocurrir
Dependiendo de cómo avancen las etapas de aprobación, reglamentación y adopción, podríamos tener distintos resultados:
Escenario A: Exoneración con implementación ordenada
- El dictamen pasa al Pleno y se convierte en ley sin mayores modificaciones.
- El Ejecutivo promulga normas reglamentarias dentro del plazo y clarifica límites operativos, supervisión y mecanismos de control.
- Las EEDE autorizadas adoptan rápidamente el beneficio y ofrecen tarifas más competitivas al consumidor.
- Se registra una aceleración en la migración de operaciones informales al canal digital, especialmente en comercio pequeño.
- A mediano plazo, la recaudación tributaria no cae drásticamente, pues más operaciones formales compensan parte de la exoneración. Inflación se modera en el componente de tarifas digitales.
Escenario B: Aprobación parcial o con restricciones
- El dictamen es aprobado con modificaciones para limitar su alcance (montos máximos, tipos de emisores, topes operativos).
- Las reformas reglamentarias demoran o generan vacíos legales.
- Algunos emisores no lograrán acogerse fácilmente por requisitos técnicos o regulatorios, lo que genera desigualdad entre operadores.
- La migración digital se ve limitada, y los costos fiscales pueden ser mayores a los beneficios esperados.
- Los efectos sobre inflación y formalidad son moderados, con riesgo de distorsiones.
Escenario C: Rechazo o paralización
- El proyecto no logra aprobarse en el Pleno, se retrasa o es observado por el Ejecutivo.
- Queda sin efecto la exoneración, y las EEDE deberán seguir pagando IGV/ISC.
- Se genera frustración en el sector fintech y de inclusión digital, desincentivando inversiones futuras.
- Persiste la carga fiscal sobre pagos digitales, lo que podría desalentar su uso en ciertos sectores.
- La informalidad del sistema de pagos se mantiene con fuerza y la inflación digital no se enfrenta.
La propuesta de exonerar el dinero electrónico del IGV y del ISC en el Perú representa un giro estructural en cómo se gravan las transacciones digitales. Si se aprueba y se aplica con reglas claras, puede impulsar la inclusión financiera, reducir costos para usuarios y comerciantes, promover la formalidad y mejorar la competitividad del ecosistema fintech.
Pero esta medida también lleva riesgos: pérdida de recaudación, distorsiones entre emisores, desafíos regulatorios e incluso impactos indirectos en inflación. La clave estará en cómo se implemente, qué límites operativos se fijen y cómo se manejen los equilibrios institucionales.
Para quienes siguen la inflación, este debate no es periférico: las decisiones sobre tributación digital pueden permear la estructura de costos en la economía, alterar incentivos y moldear el rumbo del consumo y los precios en el mediano plazo.